En Colombia, la evaluación de riesgo psicosocial se ha convertido en una herramienta fundamental para proteger la salud mental y emocional de los trabajadores.
Esta evaluación tiene como sustento la Resolución 2404 de 2019 en la que se estableció la batería de riesgo psicosocial, avalada por el Ministerio de Trabajo y que permite identificar los riesgos intralaborales, extralaborales y el estrés de los colaboradores de una empresa.
Sin embargo, aún hay organizaciones que no tienen conocimiento sobre la normativa y no realizan la evaluación. En esta nota, exploraremos qué sucede cuando se omite o no se realiza adecuadamente la evaluación de riesgo psicosocial.
¿De qué se trata esta evaluación?
La evaluación de riesgo psicosocial tiene como objetivo identificar y prevenir factores de riesgo en el entorno laboral que puedan afectar negativamente la salud mental de los trabajadores.
Estos factores pueden incluir altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, falta de apoyo social, violencia laboral, entre otros. Al evaluar estos riesgos, se busca implementar medidas de prevención y promoción de la salud mental, creando así un ambiente de trabajo seguro y saludable.
Incumplimiento
En el marco normativo colombiano, el incumplimiento de la evaluación de riesgo psicosocial puede tener diversas consecuencias legales para las organizaciones. La Resolución 2404 de 2019 establece las pautas y requisitos para la identificación, evaluación y control de los riesgos psicosociales en el trabajo.
Esta resolución exige a las empresas realizar la evaluación de riesgo psicosocial de manera periódica y mantener registros actualizados. Si el nivel de riesgo es alto, la empresa deberá realizar la batería cada año, pero si son medios o bajos se realizará cada dos años como mínimo.
En caso de que una organización no cumpla con la evaluación de riesgo psicosocial, se expone a posibles sanciones y multas por parte de las autoridades competentes. Estas sanciones pueden variar dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad de la omisión.
Según la resolución, la sanción podría ser de hasta 500 salarios mínimos (SMMLV) y si se presenta reincidencia, la empresa corre el riesgo de ser suspendida.
Es importante destacar que la evaluación de riesgo psicosocial no solo es un requisito legal, sino que también contribuye al bienestar de los trabajadores y al buen funcionamiento de las organizaciones. Al identificar y abordar los factores de riesgo psicosocial, se promueve un entorno laboral saludable, se previenen problemas de salud mental y se fomenta la productividad y el compromiso de los empleados.
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